• El gobierno insiste en atraer inversión privada mientras impulsa reformas políticas que siembran dudas sobre la estabilidad institucional y la certeza jurídica que reclaman los mercados.
Ernesto Madrid
México necesita inversión privada y la necesita pronto. Ese fue el mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum dejo entrever frente a industriales y banqueros en las últimas semanas. El llamado fue directo y reiterado: primero en la 89 Convención Bancaria, donde el secretario de Hacienda Edgar Amador delineó la estrategia económica hacia 2026 y después durante 82 Asamblea de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), uno de los organismos empresariales más influyentes del norte del país.
El mensaje oficial plantea una ruta clara: digitalización financiera, esquemas de inversión mixta y una expectativa positiva para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En el discurso, el gobierno busca posicionar a México como destino confiable para el capital privado en un momento en que la economía requiere dinamismo.
Sin embargo, convencer a los inversionistas no depende únicamente de foros empresariales o mensajes políticos. En paralelo al discurso de apertura económica, el país enfrenta una cadena de señales contradictorias que alimentan la incertidumbre.
Una de ellas es el ruido político en torno al llamado “Plan B” electoral. Aunque el Senado desechó modificar el artículo 35 constitucional —lo que mantiene la revocación de mandato presidencial para 2028 y no para 2027— el debate dejó en evidencia la tensión entre la narrativa gubernamental y las preocupaciones del sector privado.
El episodio ocurrió en el pleno del Senado de la República, donde una reserva presentada por el Partido del Trabajo evitó la modificación constitucional. La senadora Lizeth Sánchez argumentó que su partido respalda la participación ciudadana, pero rechazó que la presidenta pudiera participar en campaña durante el proceso electoral de 2027.
El plan B sin revocación, pero con incertidumbre
Para la presidenta, sin embargo, la discusión tiene otra lectura política. Sheinbaum sostuvo que, si el Congreso rechaza el llamado Plan B electoral, no será una derrota sino una forma de exhibir quién defiende “privilegios” dentro del sistema político.
El problema es que esa narrativa choca con las advertencias del sector empresarial. El 22 de marzo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) envió un mensaje directo al Congreso: “la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral” en este momento.
Para el organismo, el país necesita fortalecer el Estado de derecho, garantizar seguridad, asegurar energía suficiente y ofrecer certeza jurídica. Alterar las reglas institucionales en medio de un entorno económico delicado —advirtieron— genera señales de incertidumbre que afectan directamente la llegada de capital.
La preocupación no es menor. Empresarios y analistas coinciden en que la reforma judicial impulsada por la llamada Cuarta Transformación ha abierto dudas sobre la independencia del sistema judicial. A esto se suman las controversias alrededor de perfiles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Lenia Batres, el endurecimiento de la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria y los problemas estructurales de infraestructura en agua, energía eléctrica y gas.
Desde la sociedad civil, el diagnóstico tampoco es optimista. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad sostiene que el Plan B electoral se diseñó sin suficiente debate público y podría favorecer la consolidación política del partido gobernante. En contraste, el gobierno defiende la iniciativa como una medida para reducir privilegios y redirigir recursos a programas públicos.
El contraste revela una paradoja que pesa sobre la estrategia económica del gobierno: mientras el discurso oficial insiste en atraer capital privado, el entorno político envía señales ambiguas sobre la estabilidad institucional.
Y en economía, como en política, las percepciones suelen pesar tanto como las cifras. El capital busca oportunidades, pero también reglas claras. México hoy promete ambas cosas, aunque todavía no logra convencer de que pueden coexistir sin sobresaltos.
@JErnestoMadrid
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