Ernesto Madrid
Contrario a su narrativa de soberanía nacional en donde el presidente López Obrador ha señalado que se concesionaron para la minería en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados tiraron la ley del ejecutivo y avalaron concesiones hasta por 80 años.
La realidad es que las cifras de la Dirección de Desarrollo Minero revelan que existen poco más de 25.000 títulos vigentes, derechos que amparan poco más de 20 millones hectáreas y no las 120 que ha insistido el presidente, con su argumento de no se ha entregado ninguna concesión en su gobierno, porque no es necesario, pero sus diputados y aliados no piensan igual.
Sus ‘aliados’ morenistas presentó nueva iniciativa de reformas a la Ley Minera -con base en la del Ejecutivo pero con cambios sustanciales- que votó la madruga de este viernes y ya está en el Senado en una votación en fast track brincándose los protocolos de tener que pasar por comisiones como se mandata cuando viene del presidente.
En la ley aprobada los industriales mineros podrán tener concesiones hasta con una duración de 30 años, pero con derecho a una prórroga de 25 años y, concluido este plazo, el concesionario podrá participar en la licitación del mismo lote por hasta un nuevo periodo de otros 25 años.
Diputados de Morena dan revés al presidente con Ley Minera
La propuesta del presidente enviada el pasado 28 de marzo -y que tanto defendió- establecía que dichas concesiones sólo podrán ser por un máximo de 30 años: un periodo de 15 años y con la posibilidad de sólo una prórroga por otros 15 años.
La ley vigente señala que los industriales mineros podrán tener concesiones hasta por 100 años, pero a la nueva ley se le dispensaron todos los trámites y, sin pasar siquiera por comisiones para su dictamen, con el voto de la mayoría de Morena y sus aliados se le consideró de “urgente y obvia resolución” -como el Reglamento se lo da la mayoría cuando se trata de reformas solo a leyes y no a la Constitución- se sometió a discusión y votación de inmediato.
Lo anterior pese a que el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, había anunciado que el tema se votaría hasta septiembre por falta de acuerdos entre los sectores, y que se convocaría a foros de parlamento abierto.
Sin embargo, la operación morenista le permitió aprobar también reducir de 10 a 5% el monto de la contraprestación que se debe entregar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o cualquier otro habitante de un terreno concesionado, a fin de que ésta “no represente una carga incosteable”.
La Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) habría destacado que la reforma a la Ley Minera alejaba las inversiones en México por más de 24 mil 200 millones de dólares, afectando el desarrollo de más de 690 comunidades.
Por lo que había advertido que el sector industrial necesita certidumbre para continuar aportando al desarrollo de México, “es fundamental contar con un marco legal claro, transparente y confiable con el fin de atraer proyectos e inversiones”.
Esto lo justificaron los legisladores de Morena a través de Ignacio Mier quién señalo que “en reunión con el sector minero, escuchamos su opinión para regular esta industria, en armonía con el medio ambiente y el uso racional del agua. Nos acompañó en este diálogo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López” y vino el “madruguete”, el “albazo” y el “sucio método”, del pasado que reprocho, la ahora, oposición.