Ernesto Madrid
Con el argumento de que el ejecutivo federal no violó las atribuciones de la Cámara de Diputados y de que éste debe entenderse como una hoja de ruta para la salida de las Fuerzas Armadas de las calles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el decreto por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública hasta 2004 es constitucional.
De acuerdo con el presidente de la SCJN Arturo Záldivar no se está discutiendo la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores civiles, sino al camino para su salida, por lo que “no estamos frente a un caso de sobre militarización, estamos frente a un caso que exige revisar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado, a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o ciudadana”.
Con estos argumentos, la mayoría de los ministros -8 votos a favor-, el pleno declaró la validez del acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020, para disponer del Ejército, Marina y de la Fuerza Aérea Mexicanos para tareas de seguridad, impugnado por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, mediante una controversia constitucional.
“Decretazo” constitucional; Ejército en las calles: SCJN
Si bien es cierto que para Záldivar la ausencia de un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas generó inseguridad e incertidumbre entre la ciudadanía y que “propiciaron diversos abusos y arbitrariedades y que no pocas ocasiones se tradujeron incluso en graves violaciones de derechos humanos”, aun así, es necesaria su participación.
Lo anterior fue respaldado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que destacó como “imprescindible garantizar a la población la seguridad a cargo del Estado, por lo que resulta necesaria e indispensable la participación de las Fuerzas Armadas” para capacitarlos y profesionalizarlos, en el marco de los Derechos Humanos y el uso proporcional de la fuerza.
Esto, también para la Guardia Nacional “que cuente -dijo- con las herramientas necesarias para hacer frente a una delincuencia organizada que ha rebasado ya a la sociedad, – y por qué no ¿a las autoridades del estado mexicano? Sería la pregunta – que acecha, -agrego- a la sociedad en todo momento”.
Al respecto el ministro José Luis González Alcántara, quién voto en contra, afirmó que “el uso de las Fuerzas Armadas no debe ser una política pública, ya que, por su implicación, por lo que significan los derechos humanos y el Estado de Derecho, deben limitarse a criterios estrictamente excepcionales”.