Ernesto Madrid
Lo curioso del caso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Grupo México acordó entregar de forma voluntaria el tramo de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec bajo la sospecha de que sus amenazas en contra del dueño, Germán Larrea, tuvieron un efecto a favor del gobierno de México.
Lo anterior en el entendido de que el tramo fue tomado por la Secretaría de Marina y se declaró como de utilidad pública desde la semana pasada, lo cual fue el argumento de López Obrador para justificar su decreto que ‘ensalzo’ al considerarlo zona de seguridad nacional y de utilidad pública.
Lo curioso del caso es que Grupo México también acordó retirar la demanda que había interpuesto contra el gobierno por haber concluido de manera anticipada los contratos de construcción del tramo 5 del Tren Maya y entregárselo a la Secretaría de la Defensa (Sedena).
¿Cuál fue el acuerdo Larrea – AMLO que se firmó?
Al final del desencuentro y las controversias entre el segundo empresario más rico del país y el presidente que en el 2018 logró el mayor apoyo ciudadano y bajo la sospecha de que le había mandado a realizar una investigación tributaria, Larrea doblo las manos y no recibirá ningún pago, sino que su concesión se ampliará por ocho años.
El argumento presidencial fue que “se hizo un avalúo, -y- van a regresar la concesión y en el tramo del istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a 8 años por ceder el tramo del istmo” y celebró que “ya es de la nación, pero faltaba este tramo de 120, 140 kilómetros y se llegó a un arreglo. Ayer era el último día para llegar al acuerdo” que al final fue ratificado la noche del miércoles por Ferrosur, la Secretaría de Marina, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el secretario de Gobernación y firmado, para amarrar el asunto.
Para determinar la extensión del periodo de concesión, se realizó una consulta sobre el valor del tramo concesionado al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) quien lo valuó en 836 millones 894 mil pesos, los cuales dividió entre el precio original. El monto se actualizó con el índice inflacionario por el número de años transcurridos y esa cantidad se tradujo en la ampliación del periodo de vigencia de ocho años.
¿Cómo lo convencieron?
Lo único que se sabe es que lo que dijo el secretario de Gobernación Adán Augusto López, de que a cambio de entregarlo se acordó que el periodo de concesión de la subsidiaria se ampliara por ocho años más, del 2036 al 2044, con el inconveniente de que no recibió dinero el empresario pero su ‘convino’ el pago de una cuota por derecho de paso de 4.10 pesos por vagón y 8.15 pesos a la Secretaría de Marina, quien operará todo el complejo además de los puertos de Chiapas, Salina cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas.
Pero además el gobierno de la transformación reconoció el derecho de paso ya otorgado a la subsidiaria del tramo de Medias Aguas en Veracruz hasta Salina Cruz en Oaxaca que explicó el mandatario, se trata de un permiso tipo “túnel”, es decir que el trayecto es directo y no pueden bajar o subir mercancías en algún punto medio.