México.- El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron una investigación formal en contra del exministro y presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y otros funcionarios y exfuncionarios cercanos al mismo, por posibles hechos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas ilícitas.
La investigación número J/108/2024 también se ha iniciado en contra de Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector general del Instituto de la Defensoría Pública Federal y actúa jefe de la ponencia de la ministra Lenia Batres; Carlos Alpízar Salazar, exsecretario General de la presidencia de la Corte y considerado mano derecho de Zaldívar; y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
Corte y CJF abren investigación formal por posible corrupción vs Arturo Zaldívar
En las irregularidades reportadas también se implica a la exprocuradora Arely Gómez, quien trabajó como contralora del Poder Judicial en la gestión de Zaldívar, y quien esta semana fue designada como auditora general de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Y se señalan complicidades con externos al Poder judicial, como el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y despachos de abogados cercanos al mismo.
En el acuerdo oficial de apertura de la indagatoria fechado el 9 de abril y al que este periodista tuvo acceso, la actual presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, instruye la apertura de la indagatoria tanto al CJF, así como a la Unidad General de Responsabilidades Administrativas de la SCJN (esta última por ser la única con facultades para indagar a Zaldívar). Ello tras la recepción de un escrito anónimo de denuncia.
“Con fundamento en el marco normativo de referencia, se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas”, señala el acuerdo.