Ernesto Madrid
Mientras el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el decreto por el que se modificaron la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se elevaron las resoluciones a favor de los presuntos delincuentes.
“Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”, afirmó el mandatario y la descalificó por defender dijo, la autonomía en las decisiones de los jueces al emitir sus resoluciones ya que “antes había un poco más de atención, de vigilancia, ahora que llegó la nueva ministra, declara que un formalismo extremo, como si fueran omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran”.
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Por el contrario, según el mandatario el ministro Arturo Zaldívar que presidió la SCJN había más vigilancia hacia los jueces: “Antes, cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban” y ahora, dijo hasta el Consejo de la Judicatura
“es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez a un magistrado”, subrayó.
En lo que respecta a la controversia en contra del Plan B propuesto por el presidente López Obrador, fueron reclamadas por el órgano electoral al sostener que afectan su labor en la organización de las elecciones en el país, aunque lo cierto es que ni la Cámaras de Diputados, ni la de Senadores y hasta el poder ejecutivo junto con Gobernación, se quedaran callados, y en los próximos 30 días hábiles presentaran su contestación ante esta impugnación.