• Una red de leales tabasqueños, contratos amañados y combustible ilegal habrían convertido al hijo del expresidente, Andy López Beltrán, en el epicentro del mayor saqueo fiscal del México moderno: el huachicol con sello familiar.
Ernesto Madrid
México enfrenta el que podría ser el mayor saqueo fiscal de su historia moderna, un entramado que —según investigaciones de inteligencia nacional y extranjera obtenidas por Código Magenta— conduce directamente al nombre de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con estos informes, más de 20 funcionarios, amigos y cómplices habrían sido colocados estratégicamente en los más altos mandos de Pemex, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Todos bajo la égida del ahora secretario de Organización de Morena, el mismo partido que prometió erradicar la corrupción “de raíz”.
En los documentos que se harán públicos, se detallan cómo López Beltrán y su círculo tabasqueño construyeron una red de operadores incondicionales encargados de controlar permisos de importación de combustibles, gestionar contratos irregulares y diseñar el entramado fiscal que permitió el tráfico ilegal de cientos de millones de litros de gasolina y diésel.
Entre los nombres destacados figuran:
• Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía Presidencial y actual diputado federal (2024-2027).
• Marcos Herrería, exdirector de Administración de Pemex y hoy secretario general jurídico del Infonavit.
• Octavio Romero Oropeza, exdirector general de Pemex y actual titular de Infonavit.
• Rogelio Hernández, exdirector de Pemex Fertilizantes y expresidente de la CNH quién fue corrido en 2019 por un supuesto desfalcó a la paraestatal.
• Ángel Carrizales, director ejecutivo de ASEA.
• Abraham Alipi Mena, titular del Cenagas desde 2021.
• Y hasta Luz Elena González actual secretaria de Energía
Todos, curiosamente, con un mismo origen geográfico: Tabasco. Y todos, según los reportes, con un mismo patrón de lealtad: los López Obrador–López Beltrán.
Andy López Beltrán, el heredero del huachicol fiscal: la red tabasqueña que drenó a Pemex
El modus operandi fue tan simple como efectivo. Desde Pemex y sus filiales se habrían manipulado permisos, rutas y facturas para permitir la entrada y venta de combustible ilegal —“huachicol fiscal” y “huachidiésel”— en el mercado mexicano.
El resultado: 55 mil millones de dólares en ganancias ilícitas en seis años, de acuerdo con los cálculos de Código Magenta.
Para dimensionarlo, esa cifra equivale al doble del costo del cancelado aeropuerto de Texcoco o a toda la refinería de Dos Bocas. Pero, a diferencia de las obras emblemáticas del sexenio, estas ganancias no se fueron al desarrollo nacional, sino —según la investigación— a financiar campañas internas de Morena, algunas de ellas la interna de Marcelo Ebrard hoy secretario de Economía, la de Adán Augusto hoy senador de la República y por supuesto la de la presidenta, a través de Mario Delgado hoy secretario de Educación y ex dirigente nacional de Morena y así “asegurar la permanencia del movimiento en el poder” durante las elecciones de 2021 y 2024.
El actual gobierno de México, por su parte, reconoce apenas 16 mil millones de pesos en litigio por casos de contrabando de combustible, según informó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora. Una cifra que, en comparación con las estimaciones de Código Magenta, parece más una propina que una reparación del daño.
Organizaciones como Signos Vitales ya habían advertido desde 2022 que el 30% del mercado nacional de hidrocarburos es ilegal. El dato fue incluso mencionado por Xóchitl Gálvez durante el debate presidencial, ante lo cual la entonces candidata Claudia Sheinbaum respondió con una sonrisa que, vista en retrospectiva, sonó más a sarcasmo que a incredulidad: “Son palabrerías”.
La petrolera mexicana, calificada como la más endeudada del mundo, habría sido desangrada desde dentro, mientras el discurso oficial culpaba a los “neoliberales”. Pero, paradójicamente, las mismas prácticas que se prometió erradicar renacieron con sello tabasqueño y aroma a familia presidencial.
Según las investigaciones, cuatro de cada diez litros de gasolina o diésel consumidos en México provienen del contrabando. Incluso la CFE habría utiliza diésel huachicoleado para alimentar sus plantas generadoras de energía, pagando sobreprecios de hasta 400% respecto al valor original en Estados Unidos.
En el programa de Carmen Aristegui del pasado 1 de octubre, Guadalupe Acosta Naranjo exhibió un documento entregado por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca al propio presidente López Obrador, que detalla parte de esta red de corrupción energética.
Hasta el momento, ni el gobierno federal ni el partido en el poder han ofrecido una respuesta puntual.
El caso de “Grupo Tabasco”, como algunos ya lo llaman en los pasillos políticos, reúne todos los elementos de una tragicomedia mexicana: lealtades familiares, funcionarios reciclados, contratos amañados y un discurso moralista que se derrumba ante las cifras.
Si el “primer piso” de la Cuarta Transformación se construyó sobre el lema “no robar, no mentir y no traicionar”, el segundo —al parecer— ya se erige sobre los cimientos del huachicol fiscal.
Y mientras tanto, en Palacio Nacional, la nueva presidenta pide “no molestar al expresidente ni a sus hijos”.
La ironía, diría cualquiera, ya no cabe en los ductos de Pemex.
Fuente: Código Magenta, SHCP, Signos Vitales, Aristegui Noticias