Ernesto Madrid
La política mexicana es tierra fértil para los cínicos. Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”, ha construido una carrera sobre esa premisa. Entre pactos a media luz, reformas votadas por conveniencia y carpetas judiciales que avanzan o se congelan según el viento presidencial, el dirigente nacional del PRI vuelve a enfrentar a la justicia, aunque esta vez el escenario es distinto: la administración de Claudia Sheinbaum no parece dispuesta a cargar con los favores que se negociaron en tiempos de López Obrador.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche solicitó oficialmente a la Cámara de Diputados el desafuero del senador Alejandro Moreno, por presunto desvío de 83.5 millones de pesos cuando fue gobernador de esa entidad (2015-2019). El expediente es voluminoso: cuatro carpetas judiciales, 17 personas vinculadas a proceso, contratos simulados en seguridad pública, pagos a empresas fantasma, uso de prestanombres, transferencias irregulares desde Comunicación Social a Mayavisión y hasta una plaza para artesanos que terminó alquilada a privados.
El caso tiene elementos sólidos, pero también un largo historial de impunidad. En 2019, la entonces fiscal anticorrupción de la FGR, Luz María Mijangos, concluyó no ejercer acción penal contra Moreno Cárdenas. Argumentó que no existía “disparidad” entre sus ingresos y su patrimonio. La investigación cotejó sus declaraciones fiscales con información del SAT y la UIF, y terminó por exonerarlo.
Pero Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) reveló lo contrario: una red de triangulación financiera en la que estaban involucrados su madre Yolanda Cárdenas y su hermano Emigdio Gabriel, con transferencias millonarias desde cuentas empresariales y adquisición de inmuebles en zonas de lujo de la Ciudad de México. ¿Cómo justificar eso con ingresos declarados?
Pactos de impunidad con nombre y apellido
La historia del “Alito” impune no puede entenderse sin mirar al sexenio pasado. En septiembre de 2022, en pleno informe de López Obrador, se selló un pacto simbólico: un abrazo y un susurro entre Alito y Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación. El mensaje se entendió semanas después, cuando la diputada priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa clave para el gobierno: que la Guardia Nacional pasara definitivamente al control de la Sedena.
Era el precio del silencio judicial. Así lo confirmó Adán Augusto: fue Alito quien ofreció “el acercamiento”. A partir de ahí, el PRI votó lo que le convenía. Si las filtraciones de Layda Sansores se frenaban, si la FGR cerraba expedientes, Alito se portaba bien y votaba con Morena. Si no, se convertía en opositor de ocasión. La justicia como ficha de cambio.
Hoy, ante el avance real de las investigaciones, Moreno ha optado por las patadas de ahogado. El pasado miércoles 31 de julio, en conferencia de prensa, lanzó una amenaza directa al expresidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano. Dijo que acudiría a agencias internacionales como el FBI y la DEA para denunciar al exmandatario, a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, a Mario Delgado y a cinco gobernadores de Morena (Baja California, Sinaloa, Tamaulipas, Campeche y Sonora), por presuntos vínculos con el crimen organizado.
“Los denunciamos por una razón. Primero, ante la Fiscalía General de la República: al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, denunciamos a Mario Delgado, denunciamos a cinco gobernadores”, dijo sin rubor.
El tono suena más a chantaje que a cruzada por la justicia.
¿Cambio de señales con Sheinbaum?
La pregunta hoy es si ese juego de simulación seguirá teniendo efecto. La Fiscalía de Campeche formalizó ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia, paso clave para retirarle el fuero. Dos de los involucrados ya aceptaron criterios de oportunidad para colaborar con la investigación. La UIF y la FGR también tienen expedientes abiertos.
Pero lo que marca diferencia es el cambio de administración. Las señales desde Palacio Nacional indican que la era de los pactos personales con impunidad como moneda podría estar agotándose. La doctora Sheinbaum no ha dado muestra alguna de que vaya a proteger a un político con tan alto costo reputacional. Tampoco parece dispuesta a cargar con los arreglos que su antecesor dejó pendientes.
Alejandro Moreno se ha movido siempre con el cinismo del que se sabe útil. Pero la utilidad es volátil. La pregunta ya no es si es culpable (las pruebas abundan), sino si esta vez el poder dejará de protegerlo. Sus amenazas a la 4T suenan más a desesperación que a estrategia. Su tiempo como negociador de conveniencia quizá esté llegando a su fin porque las reformar que requería la cuarta transformación ya cuentan con el respaldo de la mayoría de Morena.
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