Ernesto Madrid
La Comisión Federal de Competencia encontró indicios de posibles conductas que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas, como pueden ser la manipulación de precios, restricción de la oferta, segmentación de mercados entre competidores o coordinación de posturas en licitaciones en la adquisición de material y documentación electoral.
Explicó que las contrataciones públicas son una actividad económica de prioridad para la Cofece, por los impactos negativos directos que tienen los acuerdos colusorios en el erario. Por lo anterior la investigación se centra en los procedimientos de contratación pública mediante los cuales se adquiere material y documentación electoral.
Advierte Cofece prácticas monopólicas absolutas relacionadas con documentación electoral
Dicho de otra forma, la autoridad investigadora de la Cofece publicó en su portal de internet y en el Diario Oficial de la Federación, el aviso de inicio de una investigación de oficio de las prácticas monopólicas absolutas que son contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores.
Por lo que la investigación abarca los procedimientos de adquisición de material electoral y documentación, por autoridades públicas mediante procedimientos de licitación, en los tres niveles de gobierno y en todo el territorio nacional. Se consideran productos adquiridos: las boletas electorales, líquido indeleble, canceles, escritorios, elementos modulares, instructivos, etiquetas y cualquier otro bien adquirido en el marco de un procedimiento electoral.
Aclaró la Cofece, que esta investigación, identificada con el expediente IO-003-2021, no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni el o los sujetos quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación.